Por Daniel Miguez

Los que aportan a la crispación de fin de año

CorrientesHoy - 18/12/2013

En general piden aumento de tarifas y repiten la consabida crítica de que antes exportábamos energía y ahora tenemos que importarla, sin contextualizar las circunstancias de una y otra situación. Desde el gobierno recalcan lo que es obvio. El consumo energético por el crecimiento de la economía superó la producción, que también creció pero en menor medida. La energía sobraba en el país de fábricas cerradas, desocupados y ocupados con bajos salarios y pocas posibilidades de consumir. Eso no exime al gobierno de no haber achicado más esa brecha y, sobre todo, haber sostenido subsidios demasiado tiempo (incluso hasta hoy), en vez de pequeñas quitas paulatinas para no correr el riesgo de que una merma brusca sonara a tarifazo. De todas maneras es una decisión política y el gobierno tendrá sus razones. Una, podría ser no generar malestar en buena parte de la clase media beneficiada con esta ayuda, aunque ese sector no valora ni los subsidios que recibe ni muchas políticas que elevaron su calidad de vida. Eso al menos pareciera demostrar el resultado de las últimas elecciones. Los ex secretarios de Energía que están hiperactivos por estos días piden el aumento de tarifas desde otro ángulo: el de la ortodoxia liberal. Tanto es así, que la crítica complementaria es que los gobiernos populistas, como el actual, alientan a que la gente tenga dinero en el bolsillo, "lo que exacerba el consumo". Eso por ejemplo lo dijo Emilio Apud, presentado como presidente de Fundalec y dejando de lado el pequeño detalle de que fue secretario de Energía de Fernando De la Rúa. Otros de los habituales opinadores son Daniel Montamat (también secretario de Energía de De la Rúa), Jorge Lapeña (de Raúl Alfonsín) y Alieto Guadagni (que ocupó el mismo cargo durante la dictadura militar y en la gestión de Eduardo Duhalde). Todos tienen el derecho a opinar y nadie tiene la obligación de declarar en contra de sí mismo. Los grandes apagones en la Argentina desde la restauración de la democracia se produjeron en diciembre de 1988 con Alfonsín y en febrero de 1999 con Carlos Menem. Ambos fueron de una dimensión mucho mayor al actual, en cantidad de afectados y de días sin luz. Como marco de referencia para darle la dimensión justa a lo que ocurre hoy, sólo hay que señalar que en 1999 no hubo electricidad durante once días. En lo inmediato, la solución llegará cuando baje la temperatura; y reaparecerá cuando suba. A largo plazo falta mucho para poder generar la energía suficiente y una distribución eficaz sin que decaiga la actividad económica. Mucho más serio que sacar provecho político de los problemas energéticos, es la mecánica de algunos dirigentes sindicales de utilizar los aumentos obtenidos bajo extorsión por varias policías provinciales para pedir aumentos que exceden por lejos su responsabilidad de cuidar el bolsillo de sus representados. Para el gobierno, que por ahora sigue sosteniendo los índices de precios del Indec (hasta que en marzo se ponga en marcha uno creíble), la inflación anual es del 10, 5 por ciento. La oposición, que tira un número al voleo lo más alto posible dentro de lo que considera verosímil, la establece en el 26,4 por ciento. Unos y otros, por lo bajo, admiten que la inflación real ronda el 20 por ciento. Cualquier sindicalista sabe que si en las paritarias obtiene más del 20% habrá mejorado el salario real de sus afiliados, sin embargo ya hay sindicalistas que están presionando con huelgas si no obtienen el mismo porcentaje que las policías en las distintas provincias. Pablo Micheli, del sector disidente de la CTA, anunció una marcha mañana a Plaza de Mayo junto al Partido Obrero para reclamar un salario mínimo de 8000 pesos. Si se tiene en cuenta que enero el mínimo será elevado a 3600 pesos, el aumento reclamado es del 122 por ciento. ATE de la provincia de Buenos Aires hará una huelga de 48 horas hoy y mañana y los médicos de hospitales públicos pararán hoy. Los estatales de Río Negro se despacharon con un paro de cuatro días. Todos dicen que quieren cobrar lo mismo que los policías. Los amotinamientos policiales dividieron aguas: muchos se solidarizaron con la democracia, pero, como se ve, otros se montan sobre un reclamo hecho al margen de la ley. La situación también es aprovechada por algunos gremios moyanistas, como los camioneros y los judiciales, que también harán medidas de fuerza, aunque en ambos casos los reclamos están dentro de la dinámica habitual de ambos sindicatos. El gobierno, por su parte, intentará frenar la pelota hasta después de las fiestas de fin de año. Las paritarias se reabrirán avanzado el verano, aunque es probable que con los docentes la negociación empiece antes. En este caso lo que busca es darse mayores plazos para llegar a un acuerdo en el piso salarial que sirve de indicador a todas las provincias y evitar así paros en el inicio de clases. También anhela que las paritarias se firmen por dos años, dejando espacios para eventuales reajustes salariales, pero los gremios difícilmente acepten si no ven una desaceleración en el aumento de precios. Pero esa será otra historia. Por ahora el gobierno sólo tendrá que concentrarse en afrontar la ya típica crispación de fin de año. (Tiempo Argentino)

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