PANORAMA SEMANAL: El otoño de Domingo Peppo y Aída Ayala

15/04/2018 | Editorial |

La semana que inicia será crucial para Domingo Peppo, las peores pesadillas que adelantaron su viaje a Iguazú para entrevistarse con el presidente Mauricio Macri podrían terminar confirmándose. No hay voluntad en la Justicia Federal de provocar una crisis institucional requiriendo el desafuero del gobernador, pero en la Mesa de Animales sueltos se anticipó que este miércoles iban a pedir su detención. ¿Se confirmará el anticipo del periodista Fernando Carnota?

Irregularidades en el manejo de fondos durante su presidencia en el Instituto de Viviendas (IPDUV) podrían colocarlo en serios aprietos. Mucho más luego de que el vocal del instituto, Mirko Nicolich, “explicara” cuál era la operatoria sobre las cuales considera que ninguna responsabilidad se puede adjudicar al Instituto.

Sólo por citar un par de ejemplos, admitió que era altamente probable que algunas cooperativas recibieran hasta un 30% de los fondos previstos para la construcción de viviendas, sin que hicieran absolutamente nada. Y además sostuvo la misma probabilidad de que hayan existido algunas cooperativas truchas o mellizas. Todo, según él, permitido por la ley o por organismos de control que no eran el Instituto y que lo relevaban de tener que llevar adelante esa tediosa tarea.

Dijo el funcionario que “el sistema de desembolsos que estipulaban los programas nacionales establecía un anticipo del 30% del monto del contrato. Esto es, el pago de ese monto sin avance”. Y además, sostuvo que “no correspondía al Instituto controlar la nómina de socios, mucho menos, si es que se repetían o no nombres en más de una cooperativa”.

El caso fue denunciado por la diputada Marilin Canata ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su oportunidad, y la FIA prácticamente sin hacer ningún trabajo presentó ese mismo expediente ante la Fiscalía Federal.

No fue de lo más oportuno el doctor Patricia Sabadini alejándose del lenguaje académico al señalar que en el instituto “hubo lavado y enjuague”, pero no por no ser sutil quiere decir que haya mentido.

El viaje de Peppo a Iguazú, cuando el presidente iba a estar en Resistencia al día siguiente ¿pudo tener entonces alguna otra motivación? El mismo gobernador confesó que le contó a Macri que diputados radicales estaban intentando involucrarlo en viejas denuncias, ¿acaso espera que el presidente pueda hacer algo?

Con ese periplo arrancó el ensayo de la politización de la Justicia. Peppo que, por citar ejemplos, nunca tuvo un tiempo para denunciar el proceso abiertamente político que tiene a Milagros Sala como detenida en Jujuy o maniobras más burdas como los audios de Cristina Fernández para influir en la opinión pública, el accionar del juez Claudio Bonadío en diversas causas, la parodia del homicidio del fiscal Alberto Nissman, ahora denuncia a la Justicia Federal del Chaco por “una causa judicial que parece estar dirigida al gobernador”.

Quizás en un contexto distinto hubiera tenido alguna posibilidad de prender esa idea. Pero en un gobierno atravesado por la corrupción, la interpretación del gobernador lo muestra navegando solitario en el mar. En todo caso, su única compañía es el respaldo rentado de funcionarios que ocupan centenares de lugares en su gobierno y de otros  que entienden acertadamente que dejarlo caer al gobernador terminaría arrastrándolos también. Entre ellos la figura clave de los intendentes.

Puede explicar esto el resultado del Congreso Peronista, como también puede explicar la ausencia del Jorge Capitanich, para quien si Peppo está donde está, es porque eligió estar donde quiso estar.

Aún si atravesara la semana indemne la situación del gobernador no cambiaría en absoluto. A corto o mediano plazo las investigaciones lo alcanzan. 2019 no está tan lejos.

Pero el caso que conmovió las estructuras de Cambiemos y que borró las urgencia del gobernador del Chaco en su gestión por una intervención al gobierno nacional fue el pedido de detención de Aída Ayala.

La ex intendente va camino a quedar detenida. Los principales medios voceros del gobierno, Clarín y La Nación entienden que se va a actuar con Ayala de la misma manera que se hizo con Julio De Vido. Es posible entonces que el desafuero que pidió la juez Zunilda Niremperger sea cuestión de días y al fin de la votación las fuerzas de seguridad estén esperando en la puerta de la ingeniera para detenerla.

El impacto de la detención de Ayala –si la Cámara de Diputados avanza como se prevé- para el gobierno nacional será mínimo. No irán más allá de lo que pidió la juez por tanto seguirá siendo diputada, pese a que por ello, no podrá asumir el diputado del PRO saenzpeñense, Ernesto Blasco.

El gobierno no tiene intenciones de demorar el tratamiento ni de ocultar el tratamiento. No es casual que  TN profundizara más el caso de Ayala que el que afecta al gobierno de Domingo Peppo. Filtró con pelos y señales el requerimiento del fiscal Sabadini en donde punto por punto se señala cuál fue la operatoria para que todos los negocios durante la gestión de la intendenta se relacionen. Basura, estacionamiento medido, relevamientos catastrales, obra pública y sindicato.

Para el radicalismo del Chaco es un catalizador. En principio cambia el eje de la discusión interna. Se terminó la posibilidad de que ella tuviera una nueva chance de ser candidata a gobernadora. Y a la vez, termina arrastrando a todo el sector del denominado “Nuevo Espacio Abierto”, entre ellos el delfin ayalista, Leandro Zdero.

Somos Parte y Convergencia tendrán la oportunidad de dirimir quién pondrá el futuro candidato. El que mejores relaciones tiene con el gobierno nacional es el intendente de Sáenz Peña, Gerardo Cipolini. Pero el nuevo mapa político podría reforzar una vieja apetencia de Alicia Azula, intendente de Barranqueras, y también avivar las aspiraciones de los sectores de Convergencia, especialmente los de Víctor Zimmermann o de Carim Peche en menor medida.

Por ahora el que ha podido esquivar todo el coletazo de la causa denominada Lavado II es el actual intendente Jorge Capitanich. Heredó todos los negocios de la gestión anterior y no deshizo ninguno, en todo caso los perfeccionó. Siempre habló de los ahorros que generó en las renegociaciones de contratos, pero es prácticamente imposible que no haya visto el cuadro de relaciones que develó el fiscal Sabadini o que no haya advertido –con su experiencia con los números- que no estaba consiguiendo ahorros sino saliendo de contratos con sobreprecios exorbitantes.

Capitanich nunca denunció a Aída Ayala su mentada “auditoría de corte” terminó transformada en una acción para la tribuna y pese a todo lo que se sabe hoy, mantiene los contratos con todas las empresas investigadas, en todas las áreas, recolección de residuos, obra pública y estacionamiento medido, además de relevamientos catastrales, aun teniendo las herramientas para una negociación directa para rescindir o en el peor de los casos acudir también él a la Justicia por una acción de lesividad demandando la nulidad de los propios actos del Municipio.

Pero está claro que si no denunció no lo hizo por Ayala sino por Jacinto Sampayo y el Sindicato de Empleados Municipales que con los negocios en marcha le garantizaban “gobernabilidad”.

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