Director: Daniel Caram   29/08/14  
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Por Gabriel Ganon

La democratización del Poder Judicial

Desde hace tiempo las marchas que se realizan frente a los tribunales de todo el país muestran con claridad que existe un profundo malestar en la Justicia. Este reclamo popular tan consistente como variopinto se unifica en la crítica contra los/as encargados/as de administrar Justicia. En cierta medida, se exhiben como intentos de constituir un nuevo orden, un nuevo derecho o más precisamente un nuevo concepto de justicia.

En ese camino, más allá de las críticas opositoras avanzó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aunque, es cierto, es difícil prever si en lo concreto el paquete de medidas servirá o no para conformar una nueva legitimidad judicial. No obstante, hay puntos que merecen resaltarse. Por un lado, la apertura pública de la discusión sobre la reforma judicial. Por otro lado, el abordaje impulsado se aparta del sugerido desde hace tiempo atrás para la Argentina y toda la región, por el think tank específico para la materia del Consenso de Washington, el Centro de Estudios Judiciales para las Américas. Los ejemplos más representativos de esta opción reformista de la Justicia se encuentran en Chile y en algunas provincias argentinas como Santa Fe.

El mismo punto de vista fue plasmado sin casualidad en Argentina sobre finales de la década del ‘90 por el entonces ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, en el “Plan Nacional de Reforma Judicial. Nueva Justicia Siglo XXI. Propuestas para la Reforma del Sistema de Justicia”. Este Plan, como puede leerse en el libro publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación, se originó en el “Programa Modelo de Reforma de las Administraciones de Justicia Provinciales” financiado por el Banco Interamericano de De-sarrollo y fue dirigido por el entonces director de Fores, German Garavano, actual procurador general de la Ciudad de Buenos Aires.

Afortunadamente, la reforma que hoy se ha abierto a la discusión colectiva parte rompiendo con aquella la visión noventista. Hoy no se discuten lemas tayloristas vacíos de contenido, como modernización, rapidez, flexibilidad, eficiencia y efectividad o eficacia. Por el contrario, el punto de partida es “democratizar la Justicia”; “Justicia para todas y todos”; “la sociedad le habla e inquiere a la Justicia”; “Justicia Legítima”. Así, el Ejecutivo nacional toma a su cargo poner en discusión el creciente sentimiento popular de tedio hacia el Derecho, la Justicia y sus administradores. Este malestar, sin dudas, es consecuencia tanto de causas estructurales –cambios globales en el modelo económico de producción capitalista– como coyunturales –ejemplo: casos Marita Verón, Miguel Bru, Mariano Witis, Candela Rodríguez, etcétera–, que de una forma u otra reflejan la fractura del orden burgués que el derecho y/o el sistema judicial pretendían sostener hace ya más de doscientos años como mecanismo de gestión de conflictos y mediatización de la violencia. Por ese motivo, no se puede seguir dando por sentado que existe un sistema de reglas que da plena satisfacción a los objetivos que declama.

Con cierta nitidez puede afirmarse que el malestar también se vincula con la incapacidad de las decisiones judiciales para mantener aquellas viejas promesas decimonónicas de otorgar a todos/as iguales derechos, igual dignidad, igual libertad. Para ser más claro y simple, como lo que está ocurriendo es que la Sociedad le habla a la Justicia o la necesidad de una Justicia Legítima, el debate más particular y fino implicaría dar respuesta a: ¿qué valores sustanciales reclama el pueblo que realice el sistema judicial para que sus procedimientos sean aceptados como válidos?

En la búsqueda de respuesta a la cotidianidad e intensidad de ese reclamo social debemos indagar específicamente sobre las causas subyacentes del fenómeno que determinan la realización de investigaciones genealógicas tan precisas como sea posible para determinar los procesos más o menos codificados que los actores judiciales utilizan para cumplir su actividad. Como dice Derrida, para ser justo con la Justicia, la primera justicia que debe ser hecha es la de escuchar e intentar comprender de dónde viene, qué es lo que quiere de nosotros, sabiendo que la Justicia se dirige siempre a singularidades, a la singularidad de otro, a pesar, o precisamente a causa, de su pretensión de universalidad.

* Profesor de Criminología y Política Criminal de la Universidad Nacional de Rosario. Defensor provincial de Santa Fe. (Página 12)


Lunes, 27 de mayo de 2013
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