Las peripecias que pasan miles de chaqueños, sobre todo aquellos más pobres, los de pocos o ningún recurso, que deben atenderse en los hospitales, centros y salas de salud de toda la provincia; los que deben hacer trámites de la más diversa índole, como documentarse, renovar el DNI, conseguir algún certificado, acceder a algunos de los planes sociales que ayudan a vivir un poco mejor; los niños que van a las escuelas públicas; los que necesitan de algún aporte del servicio de Justicia y de tantos otros sectores que abarca el omnipresente Estado merecen que alguien les preste atención.

Pasa que en los últimos tiempos, como en la semana pasada, esa paquidérmica y burocrática estructura estuvo paralizada en los cinco días (incluido el feriado del 20 de junio) por paros o huelgas de los gremios que agrupan a los empleados: los de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) el principal que abarca servicios estratégicos como la salud, el Registro Civil, Rentas y numerosas dependencias de la gobernación. A esto se suman paros de los gremios judiciales, de los docentes y de otras reparticiones de todo tipo, con el enorme perjuicio que producen más que al Estado mismo, a todos los que necesitan de su funcionamiento.

Hoy, primer recurso

El observador constata que esto se repite cada vez con más frecuencia y cada vez por motivos que podrían solucionarse de otra manera. Se debe tener en cuenta que un paro de actividades, sobre todo de servicios esenciales, es el último recurso al que debería apelarse luego de agotar otros medios. Sin embargo, lo que se ve hoy el paro con la inexistencia todas las otras instancias. Ultimo recurso implica una suma gravedad y lo que se ve hoy es que la huelga es el primer recurso, a veces hasta por las dudas.

Parece haberse perdido la capacidad de negociación, la posibilidad de escucharse entre las partes en conflicto, de intercambiar ideas, de hacer ver los puntos de vista de unos y de otros, de sincerarse. Se acude, de parte de los gremialistas, al paro de inmediato, sin otra alternativa. Y se resuelve, de parte del empleador casi siempre, en forma unilateral, sin consulta previa y haciendo estéril el diálogo si no coincide con lo que se propone. En una palabra, un diálogo de sordos que termina en la última medida de fuerza que se debiera tomar, el paro.

Es tan normal una huelga que ha perdido su contundencia real. Los empleadores -que además no son dueños, simples funcionarios- no se inmutan y creen que ya va a pasar el chubasco. Los gremialistas, se quedan sin poder de reacción, porque de paros por horas pasan a los de tiempo indeterminado y así se quedan sin otras alternativas, con una total falta de imaginación.

Gimnasia fundamental

Todo esto acaece porque no se sabe sentar a una seria y adulta discusión en la que se pongan todas las cartas sobre la mesa. En la que los funcionarios participen activamente y con poder de modificar posturas previas al escuchar las razones sindicales y no que acudan por simple compromiso, para después no cambiar ni un ápice lo que pensaba inicialmente. Esa gimnasia es fundamental para unos y para otros y, al fin, redunda en beneficio de todos porque se trata de una construcción de ambas partes.

Lo que debe ser en un último recurso se ha convertido hoy en lo primero que, en vez de perjudicar y hacer pensar a los patrones (en este caso el Estado), lo padece toda la población que es la verdadera destinataria de las acciones oficiales. Y esto pasa por la liviandad de unos y otros, que no están preparados para confrontar, que han perdido esa cualidad de los seres humanos que es la de entenderse a pesar los diferentes enfoques e intereses y de ceder un poco cada uno, para llegar a acuerdos.

Esto pasa también porque las autoridades provinciales han sido un tanto complacientes en el ingreso indiscriminado de nuevos empleados, muchos de ellos con figuras de contratos, becas, planes especiales que en muchos casos son maneras elegantes del trabajo en negro y porque además, su planta es demasiado generosa en número, atendiendo a disfrazar un tanto la desocupación y convirtiendo a su estructura en la mayor fábrica de la provincia. Hoy, cuando no tiene resto, le resulta muy difícil atender reclamos porque los montos que abona todos los meses en sueldos son siderales. Y esto parece no ser percibido por los reclamantes.

Mario Ackerman un profesor titular y director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha escrito, al analizar esta misma situación y no ya sólo en el ámbito público, sino también en el privado, que “Todo lleva así a que la huelga sea -y deba ser- un último recurso, al que se llega -o se debe llegar- luego de agotadas todas las instancias de negociación, en particular la conciliación obligatoria, que no es más que una forma de negociación asistida. También esto debe ser subrayado, porque no es infrecuente que la autoridad administrativa del trabajo recién imponga la conciliación obligatoria después que comenzaron las medidas de fuerza.”

Un derecho constitucional

Todo esto debe tenerse en cuenta en el marco de que el paro es una expresión de la libertad sindical y ésta, a su vez, un derecho fundamental de los trabajadores, respaldado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 30 de la Constitución del Chaco. Pero como todo derecho, tiene sus límites, que son impuestos por la necesidad de proteger el ejercicio de los derechos del resto de la sociedad

Ackerman explica que el reconocimiento del derecho de huelga supone admitir al mismo tiempo que los trabajadores no cumplan con su obligación de trabajar y que tal omisión tenga por objeto causar un daño al empleador. Bien entendido que tal eximición de trabajar implica la pérdida del derecho al salario. Porque así como el empleador debe aceptar ese daño transitorio y reversible que le provoca la huelga -normalmente en el contexto de un conflicto y una negociación colectiva- y no podría contratar a otros trabajadores para reemplazar a los huelguistas, simétricamente los trabajadores que adhieren a ella sacrifican su derecho a la retribución que persiguen cuando trabajan para otro. Por eso, el pago de los días de huelga es una ofensa a la dignidad de los trabajadores”.

Esta situación debe llamar a la reflexión de unos y otros y aún a los que trabajan en el sector privado y que cumplen servicios que dañan a todos. Todos los derechos deben ser respetados pero sin cercenar los de los demás, algo tan repetido que ha pasado a ser una muletilla a la que nadie hace caso. Y aquí a diferencia del dicho, entre dos que se pelean, no gana, sino que se embroma un tercero. Gobierno y gremialistas; patrones y gremialistas; empresarios y gremialistas deben demostrar estar a la altura de las circunstancias para la pacificación de la sociedad, más aún en momentos difíciles como los que se viven. (Norte).

Jueves, 28 de junio de 2012